Durante situaciones de emergencia global, como la vivida recientemente en diversos países durante la pandemia por COVID-19, las decisiones críticas de atención médica y asignación de recursos (como los triajes hospitalarios) pusieron en evidencia una realidad dolorosa e invisible para gran parte de la sociedad: el sesgo institucional frente a la vida de las personas con discapacidad.

Diversas investigaciones en bioética y salud pública documentaron cómo algunos protocolos de emergencia en el mundo incorporaron criterios discriminatorios que desvalorizaban la vida de personas con condiciones cognitivas, intelectuales o del espectro autista. Bajo una falsa lógica de "utilidad social" o de ponderación de la calidad de vida, se restó prioridad de acceso a tratamientos vitales a quienes presentaban apoyos generalizados o requerimientos de comunicación y autonomía diferentes.

Esta alarmante mirada —que asume de antemano que ciertas vidas son "menos valiosas" o más difíciles de sostener en la crisis— demuestra que la exclusión no es un accidente, sino una consecuencia de estructuras sociales que operan desde el capacitismo.

Frente a este panorama, la Liga Colombiana de Autismo reafirma que los derechos no se suspenden en las emergencias. La gestión del riesgo no puede limitarse a responder cuando el desastre ocurre; exige planificar con anticipación, derribar prejuicios médicos y garantizar que las personas autistas y con discapacidad intelectual cuenten con apoyos reales, accesibilidad comunicativa y la certeza absoluta de que su vida tiene el mismo valor e incalculable dignidad que la de cualquier otro ciudadano. 

Durante situaciones de emergencia global, como la vivida recientemente en diversos países durante la pandemia por COVID-19, las decisiones críticas de atención médica y asignación de recursos (como los triajes hospitalarios) pusieron en evidencia una realidad dolorosa e invisible para gran parte de la sociedad: el sesgo institucional frente a la vida de las personas con discapacidad.